El anuncio del gobierno nacional sobre la implementación de un “examen de idoneidad” obligatorio para más de 40.000 trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) constituye un nuevo paso en la ofensiva de destrucción del Estado que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei.
Presentada como parte de una supuesta “racionalización del Estado”, esta medida tiene como objetivo ofrecer un pretexto de legitimación a la política de despidos masivos, vaciamiento de políticas pública, destrucción del poder adquisitivo de los salarios y la precarización laboral que venimos enfrentando.
Que esta propuesta provenga de un grupo de autoridades y funcionarios que muy dudosamente puedan atravesar con éxito un test psico-técnico, es un aspecto adicional que vuelve más ofensiva aún esta iniciativa oficial.
El examen que se pretende aplicar es innecesario y arbitrario, ya que los trabajadores y trabajadoras del Estado venimos demostrando desde hace años nuestra idoneidad y correcto desempeño, ratificado año a año mediante el régimen de evaluación que forma parte de nuestra vida laboral.
En particular, muchas y muchos compañeros bajo modalidades contractuales no permanentes (como el Artículo 9 o los contratos monotributistas) llevan años trabajando bajo figuras desvirtuadas que no responden a la transitoriedad para la que fueron creadas. Realizan tareas permanentes y esenciales para el funcionamiento del Estado, pero siguen sin los derechos básicos de estabilidad que esas funciones ameritan.
En lugar de exámenes, exigimos el fin de la precarización laboral y el pase a planta permanente para garantizar el reconocimiento y la estabilidad que estipula la Constitución Nacional.
La estabilidad laboral no es un privilegio, es un derecho fundamental que asegura la independencia en el ejercicio de la función pública. Con estas medidas, el gobierno nacional profundiza su plan de ajuste y desguace del Estado, atentando contra su rol al servicio del pueblo y el desarrollo profesional de miles de trabajadoras y trabajadores.
¡Basta de precarización y ataques a las y los estatales! ¡Por estabilidad laboral y recomposición salarial!
¡No al “examen de idoneidad” como excusa para despidos y ajuste! ¡Por un verdadero desarrollo de carrera, que jerarquice nuestras funciones y fortalezca las políticas públicas!
